Indudablemente nos encontramos en un momento clave para el devenir del Trasvase Tajo-Segura. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está concluyendo los últimos trámites para la aprobación definitiva del Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (2022-27).
De aprobarse finalmente este Proyecto del Plan Hidrológico del Tajo se podría producir una reducción del Trasvase en un 40%, con un gran impacto para el levante español, tal como reconoce el propio Ministerio en el Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura (2022-27), donde indica que: “a la vista de la magnitud de estos efectos puede considerarse el escenario derivado de la aplicación de los caudales ecológicos previstos en el borrador del plan del Tajo, como un coste desproporcionado para esta demarcación hidrográfica, tanto desde el punto de vista económico, como social y ambiental”. Estimando una pérdida de unos 8.060 empleos, y un incremento de los costes de abastecimiento urbano de unos 16 millones de euros anuales. Pero este impacto que provocaría este recorte del Trasvase podría ser aún mayor. Según un estudio realizado por el Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, 15.322 personas perderían su empleo, con una pérdida patrimonial de unos 5.700 millones de euros, y de acuerdo a un informe económico promovido por el SCRATS, sobre el impacto que tendrá el aumento propuesto de los caudales ecológicos del Tajo, la tarifa del agua experimentará un encarecimiento que oscilará entre el 18% y el 22% de media, tanto para la población como para los regadíos de la Región de Murcia, Alicante y Almería.
La época tan convulsa en la que nos encontramos (pandemia, guerra de Ucrania, crisis energética y económica,…) pone de manifiesto la gran importancia que tiene para nuestro país mantener, proteger y promocionar un sistema agroalimentario robusto. Este sector ha demostrado ser un gran baluarte social y económico en crisis económicas anteriores, manteniendo su actividad durante el estado de emergencia por la COVID-19, surtiendo de alimentos en cantidad, calidad y con garantías sanitarias a una población confinada. Ante las dificultades actuales, parece prioritario llevar a cabo una verdadera planificación hidrológica nacional, ejecutando aquellas infraestructuras hidráulicas necesarias, en lugar de generar más incertidumbre al sector agrícola.
La legislación española, desde mediados del siglo XIX, ha considerado que las aguas son un bien colectivo: “de dominio nacional y uso público”, cuya gestión y tutela corresponde al Estado. Pero esta consideración estatal del agua, actualmente se está diluyendo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico parece fomentar la autarquía hídrica, por estar trasladando la idea que los trasvases son extraordinarios y no existen cuencas deficitarias ni excedentarias. A este respecto, se debe considerar la importancia de los trasvases en la planificación hídrica española, que se refleja en el funcionamiento actual de unas cuarenta infraestructuras de este tipo. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número (11), y también destaca la cuenca del Ebro, con 8 trasvases. Los trasvases complementan a los embalses permitiendo distribuir sus recursos más allá de su propia cuenca hidrográfica, abasteciendo a grandes núcleos de población (Barcelona, Bilbao, Cádiz, Huelva, Murcia o Valencia) y zonas regables de gran productividad. Estas infraestructuras también se utilizan con fines ambientales, suministrando a humedales como las Tablas de Daimiel (Trasvase Tajo-Guadiana); o evitando la sobreexplotación de acuíferos (Trasvase Júcar-Vinalopó). Por otro lado, de los análisis de los vigentes Planes Hidrológicos de Cuenca 2015-21, se desprende que existen demarcaciones hidrográficas deficitarias, como la del Segura (400 hm3/año) y Júcar (245 hm3/año); y otras con recursos susceptibles de ser trasvasados, como las del Ebro (2.867 hm3/año), Tajo (2.722 hm3/año) y Duero (1.452 hm3/año).
Otro ejemplo de que la Administración no parece apostar por una planificación hidrológica nacional que armonice el acceso a los recursos hídricos en igualdad de condiciones a todos los usuarios, se encuentra en que el Plan Hidrológico Nacional en vigor se aprobó mediante la Ley 10/2001. No parece lógico, teniendo en cuenta los retos a los que nos enfrentamos, que la última modificación de esta Ley fuera en 2005, hace ya más de 17 años.
Para finalizar me gustaría resaltar que la prevista reducción del Trasvase Tajo-Segura, parece obedecer más a intereses regionalistas e ideológicos, que al interés general, ya que no está técnicamente acreditada. Como consecuencia del decaimiento injustificado del Trasvase se está poniendo en riesgo la pérdida de numerosos empleos, además de otros graves impactos socioeconómicos y medioambientales en el levante español.
Nota: Artículo publicado el 1 de noviembre de 2022 en La Verdad:
https://www.laverdad.es/opinion/decaimiento-trasvase-consecuencias-20221101000434-ntvo.html?
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