En España, uno de los grandes desafíos pendientes de resolver es la gran desigualdad existente en el acceso a un bien de primera necesidad como es el agua, tanto en el abastecimiento doméstico como en el uso agrícola. Hay grandes diferencias para los usuarios en cuanto a la disponibilidad, la garantía, la calidad y el coste del agua, diferencias que se manifiestan principalmente en el uso agrícola. Imaginemos qué pasaría si esto mismo sucediese con el suministro eléctrico. Los modelos de previsión del cambio climático auguran una reducción progresiva y generalizada de la disponibilidad de agua, por lo que la falta de actuaciones de gobernanza conduce inexorablemente al empeoramiento de esta situación de desigualdad. Este escenario se ve potenciado por una regionalización creciente en materia de agua, y la negación de la existencia de cuencas deficitarias en contra de lo recogido en los propios planes de algunas demarcaciones.
No se entiende, de acuerdo con FENACORE, que de los 25 Planes Hidrológicos revisados en el segundo ciclo (2015-2021), hasta diciembre de 2018, solo se hayan finalizado el 7% de las medidas contempladas en los mismos. Esta inacción parece que no se debe a una falta de disponibilidad presupuestaria. Por ejemplo, del anterior programa operativo 2014-2020, con una cofinanciación de la Unión Europea del 70% (correspondiendo el 30% restante a las administraciones españolas), el 67% de la financiación permanecía sin gastar al inicio del 2020. En este sentido, la problemática hídrica de nuestro país parece estar más relacionada con una gestión inadecuada y a un uso ineficiente, que con la escasez de agua propiamente dicha.
El regadío está apostando claramente por su sostenibilidad, con un creciente compromiso por compatibilizar su actividad con garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas; como no puede ser de otra manera. Este compromiso se materializa en la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, la continua modernización de los regadíos, el fomento de la investigación, la incorporación de las nuevas tecnologías, colaboración con las diferentes administraciones, y su apuesta por su funcionalidad social, ambiental y productiva.
El regadío español tiene mucho que aportar en relación con la gobernanza del agua, es un referente internacional en sistemas de riego, riego deficitario controlado, regadío de precisión, cobertura de balsas, reutilización, uso de agua marina desalinizada, trasvases, aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, etc. Sobre un 75% de los recursos hídricos consuntivos disponibles son empleados por este sector para producir alimentos principalmente. Las comunidades de regantes juegan un papel trascendental en la gestión del agua, distribuyen este recurso al 70% de la superficie regable del país. Por ello, no se entiende que el “Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España (22 de marzo de 2020)”, en referencia a las comunidades de usuarios, indique: “Se debe ampliar y reforzar sus funciones de gestores de agua en baja y apartarse de una visión de defensores de los intereses del sector que ya desempeñan los sindicatos agrarios. La falta de claridad afecta a su capacidad de desarrollar su trabajo en colaboración con los organismos de cuenca”.
Por todo ello, uno de los principios rectores de la gobernanza del agua en el contexto de la transición hidrológica debe ser llevar a cabo una verdadera planificación hidrológica nacional. El agua es una cuestión de estado, es imprescindible evitar su politización, y debe quedar al margen de las disputas partidistas.
Para finalizar, resaltar que es muy importante que la gobernanza del agua sea consensuada. De acuerdo con Elinor Ostrom, Premio Nobel de economía en 2009, la imposición de medidas no consensuadas no sirve para resolver los problemas planteados. La solución ha de apoyarse en reglas claras que sean creíbles, eficaces y justas y cuyo cumplimiento pueda ser vigilado y sancionado.
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